La falacia de la AC: Ni necesaria, ni efectiva, ni coherente.

Leí un blog donde se hablaba de la Asamblea Constituyente. Su autor planteaba una serie de razones que fundamentan su deseo por una nueva constitución en el país, señalando, básicamente, el controvertido origen de la actual Constitución (la "Constitución de Pinochet", ni más ni menos) y las injusticias del sistema económico que, aparentemente, ella habría permitido.

Publiqué una respuesta, que me pareció oportuno compartir acá. Es corta y al grano. Se puede decir mucho al respecto, pero uno corre el riesgo de alargarse demasiado.

Si bien concuerdo con la irregularidad en la forma en que se redactó y aprobó la actual Constitución, y en la necesidad de realizar reformas profundas en varios sectores de la institucionalidad (especialmente aquellos relativos a libertades económicas y rol del Estado), no veo que la opción de una AC, tal como se ha planteado, sea una solución coherente, necesaria y efectiva.

No es efectiva, porque esos problemas no están en la Constitución, sino en varias otras leyes (ejemplos: LOCE, para educación; DL 3500, para AFPs y sistema previsional; Ley de Isapres).

No es necesaria, porque, precisamente por lo anterior, esos problemas se arreglan modificando las leyes, no haciendo una nueva constitución.

No es coherente, porque mientras se critica que la Constitución del 80 fue preparada por una comisión ad-hoc convocada por la Junta, aprobada en un plebiscito controvertido, lo que ahora pretende hacerse es bastante similar: que el gobierno de turno convoque a una comisión de señores, muy posiblemente afines a los intereses de tal gobierno, para hacer una constitución a la medida de tales intereses, de manera tal que después "el pueblo" la apruebe, sin contrapesos, en un plebiscito.

Lo que ocurrirá entonces es lo siguiente: se redactará una constitución sin participación de quienes son los llamados a representar a los ciudadanos (sí, nos guste o no, este país es una democracia indirecta y ellos son quienes nos representan). Saltándose entonces la valla de los parlamentarios, y bajo la excusa de que sus intereses son contrapuestos a los de quienes los han elegido, este nuevo documento se pondrá en conocimiento del público siguiendo la misma lógica de una elección presidencial: videos en youtube (posiblemente protagonizados por actores connotados del momento), publicidad, debates dirigidos, memes, cadenas de facebook, campañas en twitter, "la rana René te invita", "Chuck Norris apoya", etc. Eso, sin perjuicio de que, a diferencia de las elecciones, ni siquiera será obligatorio (no hay decreto ni ley alguna que señale cómo debe llevarse a cabo una AC). Así, el pueblo, que no necesariamente sabe de leyes ni de potestades ni de roles subsidiarios ni de sistemas de gobierno ni de principio de legalidad ni nada de esas cosas, votará por algo de conformidad con cómo lo huele, cómo se lo han vendido, sin consideración alguna por temas bastante relevantes que muchas veces escapan del gusto mayoritario: por ejemplo, los derechos humanos. Porque, ¿qué pasa si a los sujetos que redactan la constitución se les ocurre colocar que el aborto estará permitido siempre, en toda circunstancia, hasta dos horas antes del parto? ¿O -yendo a otro tema que debiese ser "menos" controversial- que un órgano público decidirá, arbitrariamente, si permite o no la permanencia en el país de cierta clase de migrantes, sólo basándose en su nacionalidad? Bastaría con que la mayoría, digamos, el 50% más uno de quienes votan, estén a favor de alguna de estas medidas, para que sea parte de nuestra constitución. O digamos que la gente no está de acuerdo, pero sí lo está con otras normas del proyecto. ¿Votarán que Sí, que No? ¿Tendrán voto separado por norma? Y lo más importante: ¿quién decidirá? ¿Un grupito reunido en La Moneda, dependiente del gobierno de turno?

¿No se caerá, entonces, en el mismo vicio del que se acusa a la Constitución del 80?

Tenemos que reconocer que la actual Constitución ha sido objeto de diversas modificaciones, algunas de ellas bastante sustantivas que, se quiera o no, le dan legitimidad. Hoy no existe mayor controversia en cuanto al contenido de la Constitución más que respecto al alcance de ciertas garantías, al número de parlamentarios o a los quórums de aprobación de leyes. Hasta el famoso sistema binominal, planteado como excusa para derogar la Constitución, ¡no está contenida en ésta!

La única forma razonable de hacer una nueva constitución es, primero, un gran acuerdo político que permita modificar la actual, creando, de paso, una nueva. Y que luego dicha nueva constitución, aún proyecto en esa instancia, aprobada por el congreso, sea presentada a los ciudadanos y sometida a plebiscito.

Lo que no puede ocurrir es que sólo unos pocos decidan qué hacer y cómo hacerlo, de una forma arbitraria y excluyente, dejando al arbitrio del "pueblo" la decisión de cuál será la norma fundamental que regirá el destino del país.

¿A usted no le gusta involucrar al congreso en esto? ¿Piensa que esto no ocurrirá porque el congreso lo va a impedir, por eso hay que saltárselo y llegar directamente al pueblo? Bueno, le recuerdo que durante mucho tiempo no hubo congreso en el país, y muchos lucharon por su restauración. Ahora tenemos democracia. Es algo contradictorio que, tratando de arreglar el entuerto del gobierno militar, que suspendió la democracia para arreglar el país como a sus líderes les pareció más conveniente, ahora se pretenda hacer exactamente lo mismo para aprobar una nueva constitución.

Y lo último: quizás sería hora de que nuestro empresariado, y aquellos parlamentarios y personeros que representan sus intereses, se den cuenta de que en este país es preciso y necesario incrementar la equidad. Es imprescindible que lean las señales y comprendan que los cambios no pueden seguir esperando. El valor de lo que pierden es mínimo en relación con lo que todos ganamos... Incluyéndolos a ellos.