La enorme abstención observada en las últimas elecciones, con posterioridad a la reforma electoral que introdujo el voto voluntario, no genera (pese a ser ésta una de las principales motivaciones para abstenerse) indiferencia.
A pesar de que en Chile unas 13 millones y medio de personas están habilitadas legalmente para votar, en la última elección (la primera vuelta presidencial) sólo votaron unos 6 millones y medio, menos del 50% del total del electorado. Se espera una menor participación en esta segunda vuelta.
Todo esto ha hecho concluir a varios de que hay un problema. Algunos, sin embargo, prefieren decir que es una constatación de facto y se niegan a achacarle un valor negativo. Otros coincidirán en que se trata de un problema... pero uno que afecta a la clase política chilena, no a los ciudadanos.
En beneficio de este artículo, quizás podamos llamarlo "fenómeno".
El análisis del fenómeno lleva a muchos a preguntarse, primeramente, cuáles son sus causas. Qué razones motivan a las personas a no ejercer su derecho a voto. Uno rápidamente puede adivinar varias, de las más diversas naturalezas: indiferencia, flojera, molestia, decepción, imposibilidad física. Lo cierto es que ningún grupo puede atribuir a alguna de estas razones una mayor prevalencia frente a las otras. Cada una de esas seis millones y algo de personas que decidieron no votar tiene razones distintas. Muchas coinciden, muchas no. No puede ser ésta una parte relevante del análisis.
El fenómeno es claro, sin embargo. Más de la mitad de los ciudadanos se rehusa, en forma permanente, a votar. Razones de lado, no es algo respecto de lo cual el legislador, que decidió modificar el carácter obligatorio del voto, deba estar indiferente.
Quizás sea conveniente repasar, entonces, algunas de las razones que motivaron al legislador para hacer este cambio. El motivo de fondo es un ideal liberal, está claro. Las personas son libres de decidir si votan o no. No es necesario que la ley les imponga el deber de votar, cuando se trata de una opción que pueden tomar por sí mismos. Las democracias desarrolladas no obligan a sus ciudadanos a votar. Siendo algo más sofisticados, se parte de la base que los individuos tienen una cierta independencia ética que el Estado debe respetar como un valor en sí mismo. Cualquier imposición que la ley haga a los individuos, sea de hacer u omitir algo, es una privación, total o parcial, de aquella independencia ética y, por tanto, debe ser necesaria. Cuanto mayor la interferencia, mayor y más clara la necesidad y la relación causal entre aquello que se manda/prohíbe y aquello que se pretende. No podría la ley, por ejemplo, prohibir a los individuos mirar pornografía en sus casas, sobre la base de que este hecho atenta contra el derecho de los demás a no tener como vecino a una persona que mira pornografía, o bien, que prohibir esta práctica disminuiría la tasa de violaciones o asaltos sexuales. En el primer caso se aprecia la falta de necesidad; en el segundo, la falta de relación causal.
En efecto, la independencia ética es un valor que todo gobierno debe respetar. Los estados tienen el deber de maximizar la felicidad de los ciudadanos (llámeselo utilidad o bien común, como se prefiera). Toda ley es sufrimiento, pues priva a los individuos de aquella independencia que todo ser humano, naturalmente, tiene. Una buena parte de las decisiones que una persona toma en su vida sólo le afectan a él y a su círculo cercano, y no debería afectar a los demás ciudadanos. Si yo decido ver pornografía en mi casa, es mi problema, no de mi vecino. Si decido tener una orgía en una plaza pública, puedo decir también que es mi problema y mi decisión, pero es claro que no es así: quienes pretenden pasear por la plaza pública no tienen sino la obligación de observar mi práctica, si quieren pasar por ahí. En algunos casos la línea es más fina, pero habitualmente no lo es. Hay ciertas cosas que son mi problema y los demás no tienen "derecho" a interferir en ellas; hay otras que no.
El punto está, entonces, en dilucidar si la decisión de votar es una de aquellas en que uno puede decir, con seguridad, "cosa mía", o no. Aquellas que sólo me afectan a mí y cuyo efecto no se extiende a la generalidad de las personas, de manera indiscriminada.
Parece que la decisión de votar (y de no votar) es una de aquellas que no sólo afectan a quien la toma, sino a varios más. A toda la nación, de hecho. El voto manifiesta una preferencia, política, en este caso. El candidato con mayor preferencias nos gobierna por 4 años, a todos, sin importar por quién hayamos votado.
La decisión de abstenerse implica la determinación de no manifestar preferencias. Algunos dicen que lo hacen por indiferencia, porque no les importa, o porque es una forma de expresar molestia y decepción. La verdad es que da lo mismo: no lo sabemos. Como no lo sabemos, sólo vemos el resultado. No sabemos si ese resultado habría sido el mismo si todos hubiesen votado, puesto que nadie puede asegurar que aquellas personas que se abstuvieron, colocadas dentro de la urna, habrían votado nulo o blanco. Todos tienen una preferencia. Incluso los más pesimistas, que miran las dos opciones políticas prevalentes como una especie de veneno y la votación, como la preferencia sobre cuál les será administrado, pueden tener una preferencia sobre dicho "veneno": el que los hará sufrir menos, o más, quién sabe.
Enfrentados a este panorama, el discurso de la independencia ética y la libertad de votar queda algo rezagado y pierde toda potencia. Cuando se habla de privilegiar los métodos indirectos de legislación, aquellos que determinan incentivos o desincentivos, sobre los directos, aquellos que se limitan a mandar o prohibir, se asumen dos cosas: (a) que la decisión que el individuo tome es indiferente para el Estado y se encuentra plenamente dentro del ámbito de su independencia, o (b) que la decisión no es indiferente para el Estado, pero se dan las condiciones para que la legislación indirecta influya en el individuo de tal forma que decida actuar de la forma que resulta más conveniente para la sociedad en su conjunto. El impacto de aquellos que no actúen como se pretende será menor.
Creo que es justo decir que, en el caso de Chile y el derecho a voto, no se da ninguna de estas dos condiciones. El país no está preparado para asumir y considerar, con plena información y responsabilidad, la decisión de votar o no votar. Las escuelas ni siquiera enseñan educación cívica y da la impresión de que, aunque lo hicieran, no sería suficiente como para crear el hábito de votar. La sanción moral, aquella que se percibe en algunos furibundos tuiteros que tratan de estúpidos a los que no votan, tampoco es suficiente, resultando hasta contraproducente. Los ataques generan una reacción defensiva de quienes no votan, creando una especie de "orgullo de no votante". Muchos dan razones de por qué no votan, en las que se deja entrever, también, cierta conformidad que lleva a la indiferencia, o ciertas ideas erróneas sobre la relevancia del voto para la sociedad entera. Lo cierto es que ahora, quizás, uno todavía pueda defender la libertad de voto. Pero la defensa será mucho más difícil cuando la abstención alcance porcentajes mayores. Puede ocurrir, como puede no ocurrir, dirán. Claro. Es por eso mismo que sustentar la libertad de voto en la independencia ética debería ser, para el legislador, un despropósito.
Esta columna no pretende incentivar a las personas a que voten, ni hacerlos cambiar de parecer. Los cambios culturales requieren mucho más que una entrada en un blog, un tuiteo, una discusión en facebook o una entrevista en CNN. Sólo pretendo hacer ver que la decisión de votar o no votar no puede ponerse en el mismo nivel que la decisión de fumar o no fumar, ver o no cierto programa de televisión, estudiar cierta carrera o comprarse tal o cual auto. Es una decisión sobre la cual la sociedad, y el Estado, tiene un sumo interés. No es irrelevante. Cuando se la deja al mero arbitrio de las personas, nadie puede, con responsabilidad, decir que sí la considera relevante, como lo han hecho algunos liberales, máxime cuando se lo hace sin proporcionar mayores elementos de incentivo, sin información, sin educación. Es o no es relevante, así de simple.
Y para aquellos que pretenden ejercer el derecho a no voto como forma de protesta, debiesen preguntarse cómo se leerá ésta el día de mañana. Lo más probable es que el mundo político llegue a la conclusión no de que el sistema está en crisis, sino de que es preciso restaurar el voto obligatorio. Algunos incluso dirán que no es sino una señal de conformidad. El tiempo dirá... Y no parece que el tiempo deba tener la última palabra en esta materia.
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