Huracán en la noche

Ella bailaba, o hacía como que bailaba, a un costado de la pista, como temerosa de ocupar demasiado espacio con aquellos aspavientos que difícilmente podrían, en ese lugar, considerarse un baile. No había que ser adivino para darse cuenta de que no pertenecía por esos lados. Curiosa, pero ligeramente intimidada, observaba a sus alrededores como un perrito perdido en medio de una calle transitada; su pelo rubio, casi incandescente, suelto; el vaso en la mano, lleno hasta la mitad de un líquido negruzco que daba una cierta impresión alcohólica no tanto por su aspecto, aunque transparente, sino por la mueca de desagrado que ella esbozaba cada vez que le daba un sorbo. 

No era de por ahí, estaba claro. Su actitud, su pelo, sus ojos azules, su aspecto esbelto la delataban. No era de esos lados y era todo lo que importaba. A él no le interesaba saber de dónde era, ni qué idioma hablaba, ni qué andaba haciendo por esos lados, en ese país. Sólo importaba que estaba ahí, sola, quizás acompañada desde lejos por un grupo de amigos, quizás observada ávidamente por unos cuantos más lugareños que ya habían detectado una posible presa de sus repetidas y conocidas tácticas de seducción.

Él no necesitaba hablar con ella. No necesitaba intercambiar palabras; qué lenguaje aquel más sobrevalorado, que exigía tanto y expresaba tan poco. No, él había superado las palabras, estaba por sobre ellas. A él le bastaba un movimiento de sus labios, uno de sus ojos y otro de sus caderas para lograr atraer la atención de quien quisiera, sin importar su idioma y su nacionalidad. Sólo un quiebre de cintura, una mirada fulminante, la mano sobre la cadera y listo. Luego una sonrisa, y otra de respuesta; la mano se posaría sobre su hombro, y luego detrás de su nuca y, en un movimiento repentino, todo estaría consumado. El lenguaje del amor, le decían algunos. El lenguaje de los estúpidos, lo llamaba él.

Así que, cuando presintió que era el momento adecuado, se acercó a ella con la gracia de un fantasma. Y como un fantasma se metió en su cabeza y poseyó su corazón, de inmediato, sin que ella siquiera se diese cuenta. Levantó la vista, sorprendida, y presenció su caminata hacia ella, sus ojos profundos, misteriosos, su pelo peinado hacia atrás, remojado en lujuria; sus hombros anchos, su cuerpo geométrico, el pequeño triángulo que se formaba entre el cierre de la camisa y su cuello, oscuro, frondoso, de un vello tan hirsuto y azabache como su mirada.

No se dijeron nada. Él le arrebató suavemente el vaso de la mano y lo reemplazó con la suya. Luego la tomó de la cintura, sonriendo, y dieron varias vueltas, siguiendo el ritmo, como un torbellino. No fueron sino unos cuantos segundos, pero a ella, perdida en sus ojos, arrebatada, sintiendo un breve estallido de pasión en su estómago, y el sabor de la música acoplándose con el tamborileo de su corazón, le parecieron horas. Horas con él, en la calle, en la cama, amándose. Horas de ese hombre que no parecía hombre, que era como la noche, que llegaba y se iba de improviso, que la abrazaba y comprendía completa, sin dejarla huir, sin darle salidas; que la iluminaba con esos ojos que eran como la luna; que la aprisionaba en su aroma a perfume y ese solapado vapor animalesco que se colaba a través de su camisa. Ese hombre que, rápido como un león, le había robado, por un momento, toda compostura, toda dignidad, toda inhibición. Así la dejó ir, bailando en una nube. Fue como un viaje sobre una alfombra mágica, le diría a su amiga, antes de comprender lo que había pasado, camino al taxi.

Después de besarla, cuando ya todo había concluido, él se alejó sin decir adiós, rápido como había llegado, como un huracán. Era curioso, porque así le apodaban: el "huracán". Salió a la noche tibia, fuera del bar, y se subió al auto. Revisó lo que tenía en sus manos: treinta mil pesos, algunos dólares, unas cuantas tarjetas y una licencia de conducir. "Julie S. Sandford", decía. La muchacha sonreía en la foto.

Echó un resoplido; no era lo que esperaba.

Pero en fin. No estaba mal para una noche de trabajo.

El pesebre de La Moneda y el laicismo del Estado

La diputada María Angélica Cristi se quejaba amargamente estos días, asumiendo que el próximo gobierno eliminaría la tradicional práctica de armar un pesebre en La Moneda. Como era de esperarse, una avalancha de críticas se le vino encima, más que nada en tono sarcástico. Y es que claro, para ciertos sectores, la queja parece derechamente ridícula.

En este comentario, más bien anecdótico y superficial, algunos encontraron un punto de partida para una crítica más sustantiva: la existencia de esta clase de símbolos en un edificio público, como La Moneda, sería un atentado al laicismo del Estado. 

Mi opinión es que sostener una cosa —que es una lástima que no haya pesebre el próximo año— y la otra —que la implementación de un pesebre sea una violación a la separación Iglesia-Estado— es muestra de cierta incomprensión de lo que verdaderamente implica, requiere y protege el laicismo del Estado. Prueba, también, de que muchos grupos tienen una visión del tema que resulta parcial y casi fundamentalista.

Y antes de que quien lea comience a decirse, "esta es la defensa de un católico Opus Dei", etc etc, déjeme aclarar que, si bien fui bautizado en la iglesia católica, no adhiero a religión alguna. Más abajo hay un post donde aclaro mi postura al respecto.

Tuve una discusión con una buena "twitter-amiga" al respecto y pude darme cuenta de cuál es una de las objeciones que existen respecto de la existencia de símbolos o señales religiosas en lugares públicos. El uso de símbolos religiosos denota una preferencia o interés, y eso, por uno u otro motivo, todos más o menos dirigidos al mismo punto, resultaría inaceptable. Hay una expectativa de total neutralidad por parte del Estado que no se estaría cumpliendo.

Comprendo las razones, pero creo que no constituyen argumento suficiente como para considerar la presencia de un pesebre, crucifijos, estatuas, altares, como una violación del principio de laicismo del Estado, ni para fundamentar una total eliminación de estos elementos de toda dependencia pública.

La razón de separar Iglesia-Estado fue eliminar la posibilidad de que el Estado, actuando a través de leyes, en su sentido amplio, o actos administrativos, infrinja la libertad de consciencia de sus ciudadanos o realice discriminaciones arbitrarias sobre la base de motivos religiosos. Parece simple. Ninguna ley podría establecer, por ejemplo, que sólo tendrán derecho a determinada prestación aquellas personas que adhieran a una cierta religión; que para ser nombrado juez o ser electo en un cargo se requerirá estar bautizado; que para tener capacidad de goce o ejercicio será necesario que la persona esté inscrita en alguna iglesia. Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social no podría incluir, dentro de las bases para postular a un fondo social, que los estatutos de la organización solicitante incluyan una declaración en cuanto a su adhesión a los principios cristianos. Los colegios y universidades públicas no podrían requerir que sus alumnos sean cristianos. Y así sucesivamente.

Este principio se ha expandido, también, a cualquier acción positiva que el Estado realice con el objeto de influir en la consciencia de los ciudadanos. El ejemplo más claro es que el Estado o las municipalidades no están habilitados para requerir que se dicten clases de religión en los colegios públicos. Subyace a esto la misma consideración que se tuvo para eliminar las clases de educación cívica —en esto último estoy especulando, es lo único que me hace sentido—: impedir el adoctrinamiento, religioso, o político. El Estado no está facultado para ejercer ninguna clase de influencia en los ciudadanos, sea mediante acciones u omisiones. Cada uno es libre de decidir si adhiere o no a una cierta religión o credo, y a cuál. Nada de presiones estatales, por veladas que sean.

Ya esto resulta discutible. Decir que el Estado podría abusar de su poder para adoctrinar a las personas no implica, necesariamente, que lo hará. Sin embargo, se ha decidido cortar dicha posibilidad de raíz. Así como cualquier relación sexual con un menor de 14 años es violación, sin importar si éste ha consentido, el Estado está impedido de realizar estas actuaciones. Fin del cuento.

 

A partir de esto, el principio se ha extendido e intensificado aún más hasta comprender, incluso, manifestaciones más bien personales de la libertad de consciencia. Es así como —según discutía con esta amiga— un juez no podría exhibir, en su despacho, símbolos religiosos; una oficina pública o un colegio público no podría tener un crucifijo en la pared; el palacio de gobierno no podría tener un pesebre navideño, ni menos una capilla en su interior. Ningún elemento religioso, por menor que sea, está permitido en un espacio público; las autoridades públicas deben evitar toda clase de demostración religiosa. 

Esto lleva a conclusiones algo exageradas. ¿Al Presidente o a alguna autoridad pública le gusta ir a misa los domingo en la mañana? Que no lo haga en público. ¿Un empleado público quiere tener un crucifijo en su pared? Imposible. ¿Pesebre en La Moneda? Inaceptable. ¿Expresiones de contenido religioso, como "por Dios" o "ni Dios lo quiera"? Prohibidas. ¿Obligación de jurar? Inaplicable. ¿La capilla en La Moneda? Habría que hacerla oficina, se está perdiendo espacio (esto es real). Todo edificio público, y todo funcionario público, debe permanecer, en todo momento, mientras cumple funciones, absoluta y totalmente inoculado de religión. Cualquier acción en contrario implicaría una demostración de preferencias particulares que representan, además, al Estado; demostración indicativa de un potencial prejuicio o discriminación posterior por parte de éste, en virtud de una ley o un acto administrativo.

Creo que se entiende, por el tono usado, que no estoy de acuerdo con todo esto. Algunos podrán quejarse de la exageración; "los ejemplos son absurdos", dirán. Puede parecerlo, pero no lo son. Cuando se me dice que el Estado debe omitir realizar cualquier demostración de índole religioso, todo lo señalado, y más, se me viene a la mente. Se acabaron los feriados religiosos, puesto que la ley no puede legislar sobre esa base. ¿Por qué tener días feriados que conmemoran eventos de ese carácter? Adiós Navidad, adiós semana santa. Se acabó la participación del Presidente y otras autoridades en cosas tales como el Te Deum. Nada, absolutamente nada que pueda ser indiciario, al menos para una persona, de una cierta preferencia por parte del Estado o sus funcionarios, puede ser aceptable.

La distinción aquí es evidente: el Estado actúa en la forma de leyes o actos administrativos. No hay otra forma. Actuando de esta manera, no puede discriminar sobre una base religiosa, ni legislar sobre tal base. 

Ahora, hay ciertas manifestaciones que responden a prácticas tradicionales, culturales. El pesebre es una de ellas. La capilla en La Moneda, otra (ha estado ahí desde que se construyó). El Te Deum, católico y evangélico. Muestras tradicionales, de buena fe, de respeto incluso, de parte de los funcionarios públicos que forman el Estado, hacia grupos que representan un vasto interés colectivo. ¿Podría sostenerse, así como se sostiene que participar en estas ceremonias o usar estos símbolos es demostración de adhesión, que no necesariamente lo es? ¿Que el hecho de que el Presidente participe en el Te Deum católico no implica, de por sí, que sea católico, o el hecho de que exista una capilla en La Moneda no implica, de por sí, que todos en el gobierno suelen rezar e ir a misa? ¿Puede decirse, por último, que incluso si aquello en efecto demuestra que el Presidente es católico, o que en efecto una buena parte de los asesores y funcionarios de La Moneda son cristianos, ello no implica, necesariamente, que el Estado discriminará a quienes no lo sean, y que si lo hacen, no habrá remedio alguno disponible? 

Para mí la respuesta es clara. Las tradiciones tienen un valor social y, si bien puedo aceptar que se eliminen en aras de otros intereses más importantes, no me parece que la mera molestia o incomodidad de algún grupo sea suficiente para ello.

Por último, tenemos las demostraciones personales de los empleados y autoridades públicas. El crucifijo en la oficina, el retrato de Escrivá de Balaguer, el cuadro de Juan Pablo Segundo. Todas manifestaciones, símbolos, que representan el libre ejercicio de estos funcionarios, en su dimensión de personas, de su propia libertad de culto y consciencia.

Aquí entramos, entonces, a la discusión de por qué estas últimas demostraciones debiesen ser restringidas o, más bien, eliminadas. Por qué el Estado debiese privar a estas personas de su propio derecho a realizar tales manifestaciones, asumiendo que son perfectamente inocuas y no afectan en el desempeño de su función. ¿Es suficiente argumento decir que las mismas ofenden a otros? ¿Que el otro —disidente— puede sentir un legítimo temor a ser discriminado? ¿Que estos funcionarios, y el Estado, en consecuencia, pretenden presionar, atacar, influir indebidamente en la libertad de consciencia de los ciudadanos que tienen ocasión de observar estos símbolos?

 

¿Es la inoculación del Estado, incluyendo sus funcionarios y edificios, de todo símbolo religioso y de cualquier manifestación de índole religiosa, incluyendo la privación de tales funcionarios a su libertad de consciencia y la erradicación de cualquier práctica cultural o tradicional, una consecuencia necesaria del principio de laicismo?

Mi respuesta es que no. No, en general. Y el punto de inflexión estaría dado por la magnitud y entidad de la demostración. Si es tan masiva, profunda, agresiva, que no puede sino dar a entender una intención positiva de interferir en la consciencia de otro, sea un ciudadano común, u otros funcionarios públicos; de adoctrinar sin dar, a su vez, la opción de rechazar el adoctrinamiento, podría constituir una violación del principio de laicismo y a la libertad de consciencia. De otra forma, la objeción no parece sino una reacción exagerada e individualista. Una reacción, hay que decirlo, que raya en la intolerancia.

Breve defensa del matrimonio homosexual

Es sabido que el reconocimiento legal del matrimonio entre dos personas de un mismo sexo no es un tema que genere consenso. Me gustaría intentar, rápidamente, un breve análisis de esta problemática, para concluir con una —también breve— defensa de dicha institución.

Primero, la definición del Código Civil. El artículo 102 del mismo dispone:  

El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente.

Distinto a la situación del matrimonio religioso, que es considerado un "sacramento", el matrimonio civil es un contrato. Uno tal como pedir un préstamo, arrendar un departamento o comprarse una casa.

En el caso del contrato de matrimonio, sus efectos más importantes tienen relación con el nacimiento de un cierto estado civil (las partes pasan a ser "casadas"; se adquiere un parentesco) y de ciertas relaciones pecuniarias (los cónyuges pasan a tener derechos y obligaciones respecto del patrimonio de cada uno de ellos; se forma una sociedad conyugal o se pacta algún otro régimen patrimonial para administrar los bienes de cada uno y los que adquieran en el futuro; los cónyuges pasan a ser herederos el uno del otro). En este sentido, el matrimonio se asemeja bastante a una sociedad; la única diferencia es que los cónyuges se unen con fines más diversos y personales que los de unos simples socios.

Visto el matrimonio de esta forma, no existe absolutamente ninguna razón para negar reconocimiento a un matrimonio entre dos personas de un mismo sexo.

La resistencia a esta conclusión tiene ciertos elementos comunes. Se plantea que es elemento esencial del matrimonio el que los cónyuges sean hombre y mujer, por razones históricas, morales, religiosas e incluso biológicas.

En cuanto a la razón histórica y moral, es fácil verla: la homosexualidad fue siempre reprobada y reprimida y no era habitual encontrarse con parejas de personas del mismo sexo conviviendo de la misma forma que un matrimonio "convencional". La homosexualidad era considerada una patología, un pecado, una abominación, una práctica depravada o, en el mejor de los casos, tabú. La sodomía fue considerada delito en varias democracias modernas hasta bien entrado el siglo XX. Ninguna razón para siquiera pensar en un matrimonio entre homosexuales, ¿verdad?

Por supuesto, la sociedad ha evolucionado. La homosexualidad, si bien resistida por muchos, incomprendida, hasta condenada, es un fenómeno aceptado y cada vez más masivo. La sociedad cambió y, por tanto, también debiese cambiar la legislación, anclada en prejuicios históricos.

En cuanto al argumento religioso (Dios sólo quiere un matrimonio entre hombre y mujer tendiente a la reproducción), no es necesario siquiera entrar a interpretar las sagradas escrituras. Hace tiempo ya que las democracias modernas son también laicas, lo cual implica una separación casi total entre ley y religión. En consecuencia, no es correcto, en una democracia moderna, legislar sobre la base de un dogma religioso, cualquiera sea el dogma y cualquiera la religión. Cada iglesia es absolutamente libre de establecer las condiciones y requisitos de sus propias instituciones y sacramentos, pero no pueden pretender que ellos le sean impuestos también a personas que no comparten tales dogmas. Es así de sencillo.

Y por último, el argumento de que el matrimonio está concebido para la reproducción. Esto parece una deformación de la teoría de que cada contrato tiene elementos esenciales (que deben estar presentes) y accidentales (que pueden estar presentes). Los denominados "fines" del matrimonio (vivir juntos, procrear, auxiliarse mutuamente) son claramente elementos accidentales del contrato, lo cual implica que bien podría faltar uno de ellos sin que esto implique, a su vez, que no hay matrimonio o que éste sea nulo. De concluirse que en un matrimonio no puede faltar la procreación, o la "capacidad de procrear", entonces dos personas heterosexuales impedidas de tener hijos, o que han decidido no tenerlos, no podrían casarse. Y todos sabemos que sí lo hacen.

Cuando nos quitamos de encima los dogmas abstractos (religiosos o ideológicos), la conclusión del análisis parece evidente: no hay ninguna razón, teórica o empírica, para que el Estado niegue a dos personas plenamente capaces, e iguales ante la ley, la posibilidad de celebrar el contrato civil de matrimonio.

Voto voluntario y abstención-crítica de liberal a liberales

La enorme abstención observada en las últimas elecciones, con posterioridad a la reforma electoral que introdujo el voto voluntario, no genera (pese a ser ésta una de las principales motivaciones para abstenerse) indiferencia.

A pesar de que en Chile unas 13 millones y medio de personas están habilitadas legalmente para votar, en la última elección (la primera vuelta presidencial) sólo votaron unos 6 millones y medio, menos del 50% del total del electorado. Se espera una menor participación en esta segunda vuelta.

Todo esto ha hecho concluir a varios de que hay un problema. Algunos, sin embargo, prefieren decir que es una constatación de facto y se niegan a achacarle un valor negativo. Otros coincidirán en que se trata de un problema... pero uno que afecta a la clase política chilena, no a los ciudadanos. 

En beneficio de este artículo, quizás podamos llamarlo "fenómeno".

El análisis del fenómeno lleva a muchos a preguntarse, primeramente, cuáles son sus causas. Qué razones motivan a las personas a no ejercer su derecho a voto. Uno rápidamente puede adivinar varias, de las más diversas naturalezas: indiferencia, flojera, molestia, decepción, imposibilidad física. Lo cierto es que ningún grupo puede atribuir a alguna de estas razones una mayor prevalencia frente a las otras. Cada una de esas seis millones y algo de personas que decidieron no votar tiene razones distintas. Muchas coinciden, muchas no. No puede ser ésta una parte relevante del análisis.

El fenómeno es claro, sin embargo. Más de la mitad de los ciudadanos se rehusa, en forma permanente, a votar. Razones de lado, no es algo respecto de lo cual el legislador, que decidió modificar el carácter obligatorio del voto, deba estar indiferente.

Quizás sea conveniente repasar, entonces, algunas de las razones que motivaron al legislador para hacer este cambio. El motivo de fondo es un ideal liberal, está claro. Las personas son libres de decidir si votan o no. No es necesario que la ley les imponga el deber de votar, cuando se trata de una opción que pueden tomar por sí mismos. Las democracias desarrolladas no obligan a sus ciudadanos a votar. Siendo algo más sofisticados, se parte de la base que los individuos tienen una cierta independencia ética que el Estado debe respetar como un valor en sí mismo. Cualquier imposición que la ley haga a los individuos, sea de hacer u omitir algo, es una privación, total o parcial, de aquella independencia ética y, por tanto, debe ser necesaria. Cuanto mayor la interferencia, mayor y más clara la necesidad y la relación causal entre aquello que se manda/prohíbe y aquello que se pretende. No podría la ley, por ejemplo, prohibir a los individuos mirar pornografía en sus casas, sobre la base de que este hecho atenta contra el derecho de los demás a no tener como vecino a una persona que mira pornografía, o bien, que prohibir esta práctica disminuiría la tasa de violaciones o asaltos sexuales. En el primer caso se aprecia la falta de necesidad; en el segundo, la falta de relación causal.

En efecto, la independencia ética es un valor que todo gobierno debe respetar. Los estados tienen el deber de maximizar la felicidad de los ciudadanos (llámeselo utilidad o bien común, como se prefiera). Toda ley es sufrimiento, pues priva a los individuos de aquella independencia que todo ser humano, naturalmente, tiene. Una buena parte de las decisiones que una persona toma en su vida sólo le afectan a él y a su círculo cercano, y no debería afectar a los demás ciudadanos. Si yo decido ver pornografía en mi casa, es mi problema, no de mi vecino. Si decido tener una orgía en una plaza pública, puedo decir también que es mi problema y mi decisión, pero es claro que no es así: quienes pretenden pasear por la plaza pública no tienen sino la obligación de observar mi práctica, si quieren pasar por ahí. En algunos casos la línea es más fina, pero habitualmente no lo es. Hay ciertas cosas que son mi problema y los demás no tienen "derecho" a interferir en ellas; hay otras que no.

El punto está, entonces, en dilucidar si la decisión de votar es una de aquellas en que uno puede decir, con seguridad, "cosa mía", o no. Aquellas que sólo me afectan a mí y cuyo efecto no se extiende a la generalidad de las personas, de manera indiscriminada.

Parece que la decisión de votar (y de no votar) es una de aquellas que no sólo afectan a quien la toma, sino a varios más. A toda la nación, de hecho. El voto manifiesta una preferencia, política, en este caso. El candidato con mayor preferencias nos gobierna por 4 años, a todos, sin importar por quién hayamos votado.

La decisión de abstenerse implica la determinación de no manifestar preferencias. Algunos dicen que lo hacen por indiferencia, porque no les importa, o porque es una forma de expresar molestia y decepción. La verdad es que da lo mismo: no lo sabemos. Como no lo sabemos, sólo vemos el resultado. No sabemos si ese resultado habría sido el mismo si todos hubiesen votado, puesto que nadie puede asegurar que aquellas personas que se abstuvieron, colocadas dentro de la urna, habrían votado nulo o blanco. Todos tienen una preferencia. Incluso los más pesimistas, que miran las dos opciones políticas prevalentes como una especie de veneno y la votación, como la preferencia sobre cuál les será administrado, pueden tener una preferencia sobre dicho "veneno": el que los hará sufrir menos, o más, quién sabe.

Enfrentados a este panorama, el discurso de la independencia ética y la libertad de votar queda algo rezagado y pierde toda potencia. Cuando se habla de privilegiar los métodos indirectos de legislación, aquellos que determinan incentivos o desincentivos, sobre los directos, aquellos que se limitan a mandar o prohibir, se asumen dos cosas: (a) que la decisión que el individuo tome es indiferente para el Estado y se encuentra plenamente dentro del ámbito de su independencia, o (b) que la decisión no es indiferente para el Estado, pero se dan las condiciones para que la legislación indirecta influya en el individuo de tal forma que decida actuar de la forma que resulta más conveniente para la sociedad en su conjunto. El impacto de aquellos que no actúen como se pretende será menor.

Creo que es justo decir que, en el caso de Chile y el derecho a voto, no se da ninguna de estas dos condiciones. El país no está preparado para asumir y considerar, con plena información y responsabilidad, la decisión de votar o no votar. Las escuelas ni siquiera enseñan educación cívica y da la impresión de que, aunque lo hicieran, no sería suficiente como para crear el hábito de votar. La sanción moral, aquella que se percibe en algunos furibundos tuiteros que tratan de estúpidos a los que no votan, tampoco es suficiente, resultando hasta contraproducente. Los ataques generan una reacción defensiva de quienes no votan, creando una especie de "orgullo de no votante". Muchos dan razones de por qué no votan, en las que se deja entrever, también, cierta conformidad que lleva a la indiferencia, o ciertas ideas erróneas sobre la relevancia del voto para la sociedad entera. Lo cierto es que ahora, quizás, uno todavía pueda defender la libertad de voto. Pero la defensa será mucho más difícil cuando la abstención alcance porcentajes mayores. Puede ocurrir, como puede no ocurrir, dirán. Claro. Es por eso mismo que sustentar la libertad de voto en la independencia ética debería ser, para el legislador, un despropósito. 

Esta columna no pretende incentivar a las personas a que voten, ni hacerlos cambiar de parecer. Los cambios culturales requieren mucho más que una entrada en un blog, un tuiteo, una discusión en facebook o una entrevista en CNN. Sólo pretendo hacer ver que la decisión de votar o no votar no puede ponerse en el mismo nivel que la decisión de fumar o no fumar, ver o no cierto programa de televisión, estudiar cierta carrera o comprarse tal o cual auto. Es una decisión sobre la cual la sociedad, y el Estado, tiene un sumo interés. No es irrelevante. Cuando se la deja al mero arbitrio de las personas, nadie puede, con responsabilidad, decir que sí la considera relevante, como lo han hecho algunos liberales, máxime cuando se lo hace sin proporcionar mayores elementos de incentivo, sin información, sin educación. Es o no es relevante, así de simple.

Y para aquellos que pretenden ejercer el derecho a no voto como forma de protesta, debiesen preguntarse cómo se leerá ésta el día de mañana. Lo más probable es que el mundo político llegue a la conclusión no de que el sistema está en crisis, sino de que es preciso restaurar el voto obligatorio. Algunos incluso dirán que no es sino una señal de conformidad. El tiempo dirá... Y no parece que el tiempo deba tener la última palabra en esta materia.